Diez cuestiones clave sobre la Ley de Secretos Empresariales

Desde el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo, el consejero académico Ángel García Vidal ha elaborado un informe con respuestas a las diez cuestiones clave de la ley de Secretos Empresariales. En este artículo resumimos dos de ellas, el informe completo está disponible para su descarga aquí.

¿Qué es exactamente lo que protege la nueva ley?

El objeto de tutela es el secreto empresarial, con relación al cual deben hacerse ciertas consideraciones conceptuales y terminológicas:

a) Conceptualmente, el secreto empresarial es definido en el artículo 1.1 de la ley siguiendo la definición de la directiva que, a su vez, incorpora los elementos establecidos en el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para que una información no divulgada goce de protección. Se entiende, así, por secreto empresarial «cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión ni es fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto». Por lo tanto, se consagra en un texto legal nacional la definición que, en aplicación del Acuerdo ADPIC, ya venían siguiendo los tribunales de justicia españoles, y conforme a la cual y como se afirma en la exposición de motivos de la ley, no es secreto empresarial «la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión».

 

b) Terminológicamente, me parece un acierto que la ley se refiera a «secretos empresariales» y no, como hace la directiva, a «secreto comercial». En rigor, el calificativo «comercial» deja fuera el secreto industrial. Por eso es más adecuado referirse al «secreto empresarial», denominación bajo la cual encaja el secreto comercial y el secreto industrial, y que es equiparable al término anglosajón de know-how

 

¿Qué acciones judiciales se pueden entablar en defensa del secreto?

La nueva ley establece un catálogo abierto de acciones de defensa del secreto —claramente inspirado en el listado de acciones previstas en las leyes reguladoras de la propiedad industrial y de la competencia desleal— en el que se incluyen la acción declarativa de violación del secreto y las acciones de prohibición, de cesación, de remoción, de indemnización de daños y perjuicios, de difusión de la sentencia y la previsión de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca Análisis | febrero 2019 6 el cumplimiento de la sentencia. Y ese paralelismo con las acciones por lesión de la propiedad industrial se aprecia sobre todo en la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, donde se prevén criterios de cuantificación como los previstos en la Ley de Patentes (LP).

Es especialmente significativa la posibilidad de sustituir las medidas en defensa del secreto por una indemnización pecuniaria siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria, la ejecución de dichas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado y el demandado sea un tercer adquirente de buena fe. La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia de uso durante el periodo en el que su utilización hubiera podido prohibirse.

Además, a efectos de evitar un ejercicio abusivo de las acciones, se dispone (art. 16) que la multa por ejercicio de mala fe o abusivo podrá alcanzar, sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración a los efectos de su fijación, entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados. Además, los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta.

Se prevé, asimismo, la posibilidad de solicitar diligencias de comprobación de hechos, así como medidas de acceso a fuentes de prueba y de aseguramiento de la prueba. Y también se regulan las medidas cautelares, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Patentes y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Artículo facilitado por:

Resultado de imagen de ga-p gomez

Recibe gratis nuestros boletines

Suscribirme